1. Clasificación por generaciones:
Se refiere a que los derechos nacen o surgen en determinadas etapas del tiempo o determinados momentos la historia de la humanidad.
1.1. Primera generación de derechos: Los derechos de libertad e igualdad. Este tipo de derechos nacerían en las primeras cartas de derechos desde el habeas corpus o el debido proceso que surgiría con la Carta Magna de 1215 (Ver aquí), el Instrument of Government de Oliver Cromwell de 1653 que consagraba derechos como la libertad religiosa y de cultos (Artículos XXXV y XXXVIII) el Bill of Rights de Inglaterra de 1689 (aquí) que consagraba derechos como el de la libertad de expresión, e, y el Bill of Rights de la Constitución de Virginia del 12 de julio de 1776 en Estados Unidos, en donde se consagra el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la felicidad. Posteriormente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se promulga después de la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789 se consagra gran parte de los derechos de esta primera época como por ejemplo el derecho a la igualdad, "Los hombre nacen y permanecen libres e iguales en derechos", contenido en el artículo 1º, que da lugar a que abolan o eliminen los privilegios estamentales y de nacimiento del Antiguo Régimen monárquico. El derecho a la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión que se consideran derechos naturales e imprescriptibles (artículo 2). La libertad de opinión y de religión contenidos en el articulo 10 que señala que, "Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. La libertad de expresión y de imprenta que se consagra en el artículo 11 que establece que, "la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, respondiendo del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley".
Debido proceso y garantías penales (Arts. 7, 8 y 9)
Principio de legalidad: Nadie puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados por la ley y según las formas que ella ha prescrito (Art. 7).
Irretroactividad y proporcionalidad de las penas: La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito (Art. 8).
Presunción de inocencia: Todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable (Art. 9).
Participación política y control del poder público (Arts. 6, 12, 13, 14 y 15)
La ley como expresión de la voluntad general: Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración, personalmente o por sus representantes, e igual acceso a las dignidades, puestos y empleos públicos según su capacidad (Art. 6).
Justicia tributaria: Para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de administración, es indispensable una contribución común distribuida equitativamente entre los ciudadanos en función de sus capacidades (Arts. 13 y 14).
Rendición de cuentas: La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su administración a todo agente público (Art. 15).
Inviolabilidad de la propiedad privada (Art. 17)
Derecho inviolable y sagrado: Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, excepto cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización (Art. 17).
Separación de poderes (Art. 16): El documento incluye una célebre cláusula estructural: "Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución".
2. Segunda generación de derechos: Los derechos civiles y políticos. Son los derechos que le permiten a la persona actuar en el mundo jurídico y político. Los derechos civiles son los que le permiten a la persona actuar en el mundo jurídico. Por ejemplo e derecho a tener una personalidad jurídica, un nombre, la nacionalidad. Los derechos políticos son los que le permiten a la persona actuar activamente en las decisiones políticas que le incumben, como por ejemplo la conformación de la ley, así como la potestad de poder ejercer el poder político, mediante la posibilidad de elegir y ser elegido. Estos derechos se relacionan con la democracia. Así por ejemplo: el derecho de conformar partidos políticos, el derecho al sufragio o el derecho a elegir (voto activo) y ser elegido (voto pasivo). Hay que anotar que muchos de estos derechos surgen en la misma época que los derechos de libertad. Por ejemplo el derecho al sufragio y de participación política se contempla en el Instrument of Goverment de 1653
3. Tercera generación de derechos: Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) Que posibilita que el ser humano pueda desarrollarse como persona y por ende realizar su proyecto de vida, Amartya Sen y Martha Nussbaum, tomando a Aristóteles señalan que estos son los que le permiten al ser humano florecer, el florecimiento humano. Así por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el derecho a los servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, electricidad, gas, etc.), el derecho al trabajo, entre otros.
En el caso de Colombia los DESC se encuentran constitucionalizados en el Capítulo 2 del Título II de la Constitución "De los derechos sociales, económicos y culturales". Así por ejemplo se consagra los siguientes derechos económicos sociales y culturales:
Derecho a la seguridad social:
Art.48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la coordinación y el control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Derecho a la salud:
Art. 49. "Modificado A.L. 2/2009. que establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado (...)"
Vivienda Digna:
Art. 51. "Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho (...).
Deporte
Art. 52. Modificado A.L. 2/2000 "El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar mejor la salud del ser humano
Trabajo
Art. 53. "El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales (...)".
Derecho a la Huelga:
Art. 56 "Se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador"
Derecho a la educación:
Art. 67, "La educación es un derecho de la persona y un servicio púbico que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores culturales".
Derecho al acceso a la cultura:
Art. 70, "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional".
Entre otros.
Hay que tener en cuenta que también estos derechos económicos, sociales y culturales se derivan del llamado "Bloque de constitucionalidad" o los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso, en donde también cabe las recomendaciones, Observaciones y decisiones jurisprudenciales de los Tribunales y Cortes en la que Colombia este vinculado, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se denomina como "control de convencionalidad".
Los principales tratados que reconocen derechos económicos sociales y culturales a los que esta suscrito Colombia son:
1) Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)
2) Protocolo de San Salvador a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
3) La Jurisprudencia de la Corte Interamericana reconoce los derechos económicos, sociales y culturales como derechos justiciables ante la Corte desde la decisión Lagos del Campo vs. Perú de 2018 con la interpretación del artículo 26 de la Convención Interamericana, en donde se reconoció el derecho a la seguridad social.
En la jurisprudencia constitucional colombiana los DESC no fueron reconocidos como justiciables directamente, sino a través de la llamada "conexidad" con otros derechos fundamentales como la vida con relación a la salud, pero poco a poco fue reconocida su fundamentalidad. Por ejemplo el derecho a la salud como derecho autónomo con la Sentencia T-760 de 2008 y la ley estatutaria de la salud 1751 de 2015:
4. Cuarta generación de derechos: Los derechos colectivos como por ejemplo el medio ambiente y el espacio público, así como la posibilidad de participar de la ciencia y de los desarrollos tecnológicos.
Gerardo Pisarello. Critica porque afirma que en realidad muchos derechos de contenido social se crearon al mismo tiempo que los derechos de libertad. Por ejemplo el derecho a la huelga.
Gonzalo Ramirez. Establece en el libro "Globalización y pobreza" que está clasificación se dio sobretodo en la Guerra Fria y la división entre Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) en la década de los sesenta.
5. Quinta Generación de Derechos: Los derechos que se protegen con relación a la tecnología. Recientemente se ha empezado a proteger derechos fundamentales que tienen que ver con el uso de la tecnología. Aunque esta protección se puede dar de dos maneras:
1) Cuando se protegen situaciones de vulneración o amenaza que pueden estar relacionados con derechos ya establecidos previamente.
Por ejemplo en el caso de las bases personales y su manejo que se utiliza el derecho fundamental a la intimidad y el habeas data (autodeterminación informativa) contenido en el artículo 15 de la Const. que dispone que,
"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su bueno nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos ya archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección y vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley".
En las partes que se encuentran en negrilla se puede verificar que se trata del llamado derecho al Habeas Data que se trata de que los datos personales deben ser manejados de manera que no viole el derecho a la intimidad, ni la autonomía en que dichos datos - cuando se recojan - deben ser manejados de manera adecuada. Por ejemplo si ha sido reportado a alguna entidad como Datacrédito por el no pago de una obligación o préstamo, si paga la obligación debe dejar de ser reportado.
La Corte Constitucional por ejemplo ha dispuesto en la Sentencia SU- 139 de 2021 (Caso de antecedentes penales) que con relación al llamado Habeas Data o autodeterminación informativa:
Definición:
"El habeas data es un derecho fundamental autónomo, que busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto, cuyo ámbito de acción es el proceso en virtud del cual un particular o una entidad adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar tales datos. Igualmente, debe destacar que estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas con el núcleo esencial del derecho, el cual, a la luz de la Sentencia C-540 de 2012, se compone de los siguientes contenidos mínimos: 1) el derecho de las personas a conocer (acceder) a la información que sobre ellas está recogida en las bases de datos; 2) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; 3) el derecho a actualizar la información; 4) el derecho a que la información contenida en las bases de datos sea corregida; y, 5) el derecho a excluir información de una base de datos (salvo las excepciones previstas en las normas).
"1) es claro que existe un nexo inquebrantable entre el titular de la información y el dato personal, y que de tal vínculo se deriva la posibilidad de que el sujeto pueda solicitar al administrador de la base de datos el acceso, rectificación, actualización, exclusión y certificación de la información; 2) es evidente que el titular del dato puede limitar las posibilidades de divulgación y publicación del mismo; y, 3) en ejercicio de la autodeterminación informática, es patente que el titular también está facultado para exigir que el administrador de las bases de datos personales efectúe su labor con sujeción a estrictos límites constitucionales".
También se puede decir que ya muchos derechos, como por ejemplo la libertad de expresión y comunicación contenidos en el artículo 20 de la Constitución que establece que; "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación".
En la actualidad este derecho se puede ejercer mediante medios tecnológicos como las redes sociales y medios informáticos como por ejemplo: Tik Tok, Instagran. X, Facebook, Youtube, Twitch y otras redes sociales. Los medios en que se puede vulnerar o violar el derecho son tecnológicos, pero el derecho sigue siendo el mismo.
Un ejemplo es el caso reciente es el caso de la Sentencia T-061 de 2024 (Caso Westcol) en donde un influenciador, Luis Villa, mejor conocido como Westcol vulnera el derecho fundamental de la dignidad, la igualdad y no discriminación de una persona de la comunidad LGTBIQ+ por las expresiones de odio (hate speech) a través de comentarios en sus redes sociales que afectan a la comunidad.
2) Por otra parte se ha empezado con la categoría de derechos emergentes, nuevos derechos o derechos innominados con la cláusula de apertura del art. 94 de la Const. que como se verá más adelante, para el reconocimiento de situaciones que no han sido reguladas por la Constitución previamente, particularmente relacionados con la tecnología.
Un ejemplo de esto son los derechos a tener internet, a la desconexión digital y los llamados neuroderechos ya regulados por ejemplo en la Constitución de Chile que establece que:
Artículo 19.
"La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad fís ica y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.
Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.
Lea más: https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/19.htm
Video de Diego Borbón sobre neuroderechos:
2. Clasificación relacionada con deberes de abstención o promoción (prestación):
2.1. Derechos de abstención (negativos). Están relacionados por ejemplo con los derechos de libertad, porque el deber del Estado es abstenerse de cualquier acción para impedir que se realicen. Por ejemplo, no se me podría impedir mi libertad religiosa, mi libertad de locomoción, expresión etc.
2.2. Derechos de promoción o prestación (de carácter positivo). Se refiere a aquellos derechos en donde el Estado debe desplegar su actividad para que se puedan realizar o cumplir. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, la prestación de los servicios públicos en donde el Estado debe proveer que se cumplan con dichos derechos.
3. Clasificación relacionada con los costos de los derechos:
1. Existen derechos que no implican costos. Por ejemplo los derechos de libertad, en donde el Estado no debe invertir recursos para que se cumplan.
2. Los derechos que implican costos. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, en donde el Estado debe invertir recursos para poderlos llegar a cumplir.
Cass Sunstein y Stephen Holmes critican está clasificación en su libro "El costo de los derechos" (2011) en donde indican que todos los derechos cuestan ya que necesitan de impuestos para existir. Por ejemplo la libertad de locomoción costaría, porque se deben generar recursos mediante impuestos para invertir recursos para la construcción de vías o caminos, o el costo de los derechos políticos para ejercer el voto o el derecho a elegir y ser elegido. Es decir lo que cuestan una elecciones.
4. Cláusula de apertura de los derechos fundamentales y los llamados derechos innominados o "emergentes":
Los derechos fundamentales no son un listado cerrado (numerus clausus) sino un listado abierto, dado. que se pueden presentar nuevas situaciones que se relacionen con idea de derecho fundamental dignidad, proyecto de vida y posibilidad de existencia, sobre la base de que son inherentes al ser humano, es decir que se relacionan con su existencia.
En la Constitución Colombiana esta apertura se establece a partir del articulo 94 de la C.P. que señala que, "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución, y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos".
De la misma forma se utiliza la dignidad de la persona humana contenida en el articulo 1 de la Const. como otro de los elementos para posibilitar dicha apertura. En Alemania, por ejemplo, se utiliza la dignidad de persona humana como cláusula de apertura el articulo sobre la dignidad de la persona humana).
Otra de las formas para establecer nuevos derechos es a través del llamado "Bloque de constitucionalidad" contenido en el artículo 93 que indica que "...los Tratados y Convenidos ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno".
Estas tres vías de introducción han dado al reconocimiento de derechos fundamentales innominados o emergentes en Colombia como: el mínimo vital, la seguridad personal, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad de género, el derecho al agua, el derecho a la vida libre de violencia y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, que se derivan de los principios de Joinet y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También el reconocimiento de nuevos derechos relacionados con la tecnología como el derecho a tener internet y la desconexión digital, como se analizaba anteriormente en la quinta generación de derechos.
Como se indicaba anteriormente recientemente se ha habla de los neuroderechos, consagrados como derecho fundamental en la Constitución chilena en su artículo 19. Que se refiere a la protección de los datos neuronales y cualquier intervención en las decisiones de las personas a través de la tecnología.
En Colombia el articulo 94 de la Constitución, establece esta cláusula de apertura, cuando indica que,
"La enunciación de los derechos y garantías en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".
Por ejemplo en cuanto a la seguridad personal, que consiste en que "el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a aquellos individuos que se encuentran sometidos a un nivel de amenaza" la la Corte Conts estableció en la Sentencia T-411 de 2018 que,
“(…) la seguridad personal es un derecho fundamental innominado. A pesar de que no está previsto por la Constitución Política como tal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 ibídem, la seguridad personal es un derecho fundamental, habida cuenta de su intrínseca relación con la dignidad humana y con derechos como la vida y la integridad personal, así como con el deber general de protección de las personas y de sus derechos a cargo del Estado, entre otros”.
Del mismo modo en cuanto al derecho fundamental innominado al agua potable estableció en la Sent. T- 064 de 2019 que estos derechos se relacionan con la dignidad de la persona humana, pero también del llamado "Bloque de constitucionalidad" (Art. 93 C.P.), de aquellos Convenios y tratados firmados y ratificados por Colombia, en este caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Dijo la Corte Constitucional en esta decisión que,
“Ante la inexistencia de una fuente formal expresa, de carácter constitucional, que reconozca el derecho al agua como una garantía fundamental, la jurisprudencia ha derivado este carácter, primordialmente, por dos vías: la primera, a partir de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución y según la interpretación que de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (relativos a los derechos “a un nivel de vida adecuado” y al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”) realizó el Comité del Pacto en la Observación General 15 de 2002. La segunda, a partir de lo dispuesto por el artículo 94 constitucional, según el cual el catálogo de garantías no puede ser interpretado en detrimento de derechos “inherentes a la persona humana”; es decir, en la medida en que el agua es una “necesidad inherente a la vida”, la jurisprudencia constitucional ha derivado su carácter de derecho innominado, como consecuencia de su conexión con la dignidad humana” (Corte Constitucional, Sentencia T-064, 2019)".
Como indica Camilo Bedoya en su tesis sobre los derechos innominados, "la concreción del contenido y alcance del texto constitucional a partir del proceso de reconocimiento de los derechos innominados se sigue de los esquemas argumentativos e interpretativos utilizados por la Corte Constitucional para su reconocimiento, en tanto al reconocer un derecho innominado el juez constitucional analiza y determina las relaciones existentes entre los diversos principios y derechos que justifican, o más bien indican, su existencia (Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 2015)".
En síntesis en Colombia no existe un número cerrado de derechos fundamentales, y a través de la interpretación constitucional, se pueden introducir nuevas circunstancias que ameriten ser protegidas y que no lo puedan ser con los derechos ya nominados. Los derechos innominados surgen como una necesidad de proteger la vida digna de las personas para proteger su existencia y su desarrollo de vida. Estos derechos emergentes se posibilitan por la existencia de la cláusula de apertura del artículo 94 de la Constitución, el artículo 1 sobre la dignidad de la persona humana y el artíuclo 93 que establece el bloque de constitucionalidad.
Bibliografía:
Sobre el tema de los derechos innominados ver la Tesis de Juan Camilo Bedoya Chavarriaga, "El derecho como interpretación: La validez de los derechos innominados", Tesis para optar al Titulo de Maestría, Bogotá, Universidad Nacional, 2019.
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